La Nación de México
Ciudad de México.- La acción penal relacionada con los hechos ocurridos en la Guardería ABC, donde el 5 de junio de 2009 perdieron la vida 49 niñas y niños y decenas más resultaron lesionados, no puede extinguirse por el paso del tiempo, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al resolver el Amparo en Revisión 648/2024, el máximo tribunal estableció que al tratarse de hechos considerados como graves violaciones a derechos humanos, la prescripción de la acción penal no resulta aplicable, por lo que debe prevalecer el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad y acceder a la justicia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta resolución permite la continuación del proceso penal derivado de una investigación iniciada por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en contra de dos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ambos fueron llevados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, bajo la modalidad de comisión por omisión, relacionados con el incendio ocurrido en la estancia infantil ubicada en Hermosillo, Sonora.
La resolución de la SCJN deriva de un juicio de amparo en el que se argumentó que la acción penal había prescrito, al considerar que los delitos señalados no contaban con una regla especial de prescripción y debían sujetarse a los plazos generales establecidos en la legislación penal.
Sin embargo, el Alto Tribunal determinó que por la naturaleza de los hechos y los derechos humanos afectados, no era procedente aplicar la prescripción, debido a que están involucrados derechos fundamentales de niñas y niños, así como de sus familias en calidad de víctimas indirectas.
La Corte consideró que debe privilegiarse la búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia, el combate a la impunidad y la prevención de que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse, sin que sea determinante si las conductas investigadas fueron cometidas de manera dolosa o culposa.
La FGR señaló que la decisión judicial reconoce la importancia de atender la multiplicidad de bienes jurídicos afectados y las consecuencias generadas contra las víctimas del incendio ocurrido hace más de una década.
Finalmente, la institución reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones y acciones legales necesarias para el esclarecimiento de los hechos, bajo los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos.