La Nación de México
Ciudad de México.— En los últimos días, la senadora Lilly Téllez reveló una serie de videos en los que acusa al coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López, de operar una red de corrupción dentro del Senado y en ámbitos energéticos.
En un primer video, Téllez intenta proyectar esas pruebas durante una sesión legislativa sobre la ley aduanal, pero fue interrumpida y censurada por colegas de Morena, lo que generó momentos de tensión en el Senado.
Uno de los clips difundidos (video completo: “corrupción que rodea a Adán Augusto”) muestra presuntas transferencias, negocios compartidos con empresas favoritas y contratos irregulares que involucran permisos y operadores vinculados al tabasqueño.
La panista denunció que el grupo mayoritario impidió que se reprodujera el material completo, acusando complicidad y censura política: “Quitaron el video que presenté con pruebas de la corrupción de Adán Augusto”, escribió en su cuenta de Twitter.
En algunas versiones del material —publicadas en Facebook e Instagram— Téllez afirma que López tiene vínculos con el crimen organizado y maneja una “red interna de impunidad” con la protección de operadores clave.
El enfrentamiento escaló cuando la presidenta de la Mesa Directiva en el Senado detuvo la transmisión del video durante la sesión, argumentando que el contenido no cumplía con formatos aceptados. Esto fue visto por críticos como una acción para proteger a López y evitar que las acusaciones llegaran al registro legislativo formal.
Mientras tanto, Téllez ha exigido que el Senado se pronuncie, que se acepten pruebas y que se investigue a fondo. Asegura que no busca protagonismo, sino “que se depure la institucionalidad”.
El tema ha desatado un debate sobre libertad legislativa, corrupción interna y la forma en que Morena administra sus mayorías.
En resumen, los videos presentados por Lilly Téllez han abierto una ventana hacia acusaciones profundas contra Adán Augusto López, con contenidos de negocios ocultos, censura interna y demandas de transparencia que podrían tener repercusiones políticas si se radican formalmente ante fiscales competentes.