La Nación de México
Ciudad de México.- La muerte de la maestra jubilada y taxista extorsionada por el narco en Veracruz, no sólo acaparó titulares en México y el extranjero por el nivel de impunidad que se vive en ese estado del Golfo. También se magnificó por la declaración de la gobernadora Rocío Nahle cuando dijo que Irma Hernández murió de un “infarto” y presentar a un médico como autor de la necropsia, quien no tiene el grado para ejercer.
Esto llevó a investigaciones más profundas, como la hecha esta semana por la periodista Anabel Hernández, quien reveló en su podcast Narcosistema información sensible obtenida de reportes de inteligencia militar filtrados por Guacamaya Leaks, que muestran cómo en la administración pasada se permitió la expansión de organizaciones criminales en Veracruz.
Gobierno encabezado por el también miembro del partido en el poder Morena, Cuitláhuac García Jiménez, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido como un hombre “honesto”.
1. Sobornos y tolerancia institucional
Según Anabel Hernández, un individuo identificado como Luis Aarón Morales Gómez, alias “Capitán”, aseguró haber entregado 1.5 millones de pesos al gobernador Cuitláhuac García a cambio de la autorización para operar un campo de tiro utilizado por criminales para entrenarse con armas semiautomáticas. El financiamiento y la protección institucional habrían permitido la consolidación del grupo conocido como Grupo Sombra, al que se le atribuye el secuestro y asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz, como castigo por negarse a pagar cuotas de extorsión.
2. Presencia y crecimiento del Grupo Sombra
Documentos militares revelan que desde 2016, el Grupo Sombra operaba en municipios del norte de Veracruz —como Pánuco, Tempoal y Tuxpan— con libertad y protección implícita de autoridades estatales y federales, lo que permitió su expansión territorial. La reportera critica la respuesta del gobierno federal, que ya conocía esta operación desde años antes y no actuó con contundencia tras el crimen de Irma Hernández.
3. Colusión entre instituciones y crimen organizado
Los documentos filtrados por Guacamaya Leaks incluyen reportes militares del CERFI Sureste que detallan nexos entre cuerpos policiales veracruzanos y organizaciones criminales. Asimismo, se documenta la colusión de militares, marinos y agentes de Pemex con huachicoleros en Veracruz, así como el encubrimiento de células del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por autoridades estatales.
4. Responsabilidad política y omisiones
Anabel Hernández subraya que las altas esferas de gobierno, incluyendo al mandatario veracruzano, conocían estos vínculos por informes de inteligencia. Sin embargo, se omitió realizar un análisis formal y serio de estas filtraciones —una condición necesaria para convertir la información bruta en evidencias procesables—, según declaró el general Ricardo Trevilla Trejo de la Sedena en julio de 2025.
5. Impunidad y efectos en la seguridad pública
El resultado de esta impunidad fue un crecimiento estructural del crimen organizado: extorsión, secuestros, homicidios y redes clandestinas operaron con impunidad. El caso de Irma Hernández es paradigmático: la tragedia evidenció cómo tenía consecuencias fatales el no doblegarse a los grupos criminales con cobertura institucional.
6. Evaluación y llamado a la acción
Hernández concluye que la expansión del crimen en Veracruz no es un fenómeno espontáneo sino resultado de decisiones políticas deliberadas y tolerancias desde instancias de poder. Insiste en que el Estado conocía los riesgos desde 2016 y fue negligente al no convertir la inteligencia filtrada en acciones legales o procesales. El reporte de Guacamaya Leaks, a pesar de no ser información oficial, se ha vuelto accesible a fiscalías, lo que brinda una base potencial para litigios si se valida mediante análisis formales.
En resumen, según Anabel Hernández y respaldado por documentos del CERFI y la Sedena filtrados por Guacamaya Leaks, la administración de Cuitláhuac García permitió la consolidación y expansión del crimen organizado en Veracruz mediante sobornos, omisiones políticas y colusión institucional. Este contexto agravó drásticamente la inseguridad pública, con consecuencias fatales para ciudadanos como Irma Hernández y un deterioro generalizado del tejido social.